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¿Por qué el SEPAD tardó más de una semana en reaccionar? El 14 de marzo se decretó el estado de alarma y es a partir del 21 cuando transmiten indicaciones precisas a los centros residenciales; siendo el 30 de marzo cuando se comunica un plan de actuación de los centros residenciales frente a la pandemia del COVID

A la atención de la Fiscalía Provincial de Cáceres y de la Oficina del Defensor del Pueblo.


¿Por qué el SEPAD tardó más de una semana en reaccionar? El 14 de marzo se decretó el estado de alarma y es a partir del 21 cuando transmiten indicaciones precisas a los centros residenciales. Y, como consta en el acta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, celebrada en Mérida el lunes 29 de junio de 2020, «es el 30 de marzo cuando se comunica un plan de actuación de los centros residenciales frente a la pandemia del COVID, el plan de contingencia, que fue elaborado por el SES y por el SEPAD y por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales».

Ya sabemos que en la Residencia Asistida de Cáceres "hubo falta de protocolo y conocimiento", de materiales de protección; así como que los residentes "han sufrido mucho y se han deteriorado mucho", también cognitivamente (https://bit.ly/2BmP0cE). Todo ello según lo manifestado por el Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), José Vicente Granado, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura.

Por ejemplo, así está recogido en prensa, «el 14 de marzo se decretó el estado de alarma y a partir del 21, con una nueva orden, se transmitieron “indicaciones precisas y adaptadas” respecto al personal, la ubicación y aislamiento de los residentes infectados, sospechosos o sin contagiar, y también medidas en torno a la limpieza y desinfección». ¡¡¡O sea, tardaron una semana en reaccionar!!! No es sorprendente pues que, tras las críticas de la oposición en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea, «Granado ha reconocido que al inicio no existía un plan de contingencia y que ha sido la propia crisis la que obligó a tomar las medidas, muchas veces “forzadas y sobre la marcha”» (https://bit.ly/2AlGVoj).

Y, como consta en el acta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, celebrada en Mérida el lunes 29 de junio de 2020, «es el 30 de marzo cuando se comunica un plan de actuación de los centros residenciales frente a la pandemia del COVID, el plan de contingencia, que fue elaborado por el SES y por el SEPAD y por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales». Así como, también consta en ese acta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, celebrada el 29 de junio de 2020, «cierto que, no existía plan de contingencia. Pero es que no teníamos un manual para saber qué teníamos que hacer en cada momento». «Los protocolos que hemos ido aplicando han ido funcionando. Es verdad que no los teníamos al principio».

No solo tardaron más de una semana en reaccionar, sino que, además, carecían de todo; ni plan de contingencia, ni protocolos, ni tuvieron, hasta el 21 de marzo, «“indicaciones precisas y adaptadas” respecto al personal, la ubicación y aislamiento de los residentes infectados, sospechosos o sin contagiar, y también medidas en torno a la limpieza y desinfección» (https://bit.ly/2AlGVoj).

Ante el reconocimiento de estos luctuosos hechos por parte del SEPAD, es de agradecer que que la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Consuelo Rodríguez Píriz, le diga al Director Gerente del SEPAD, José Vicente Granado, lo que pensamos muchos ciudadanos, esto es, que acude a la Asamblea a «dar el carpetazo» en lugar de dirimir responsabilidades tras una gestión que ha sido un «auténtico desastre» y que ha colocado a Extremadura como la segunda comunidad, tras Aragón, con el mayor porcentaje de fallecidos en residencias de mayores, un 85,2 % (https://bit.ly/31HbMqm).

Como hemos expresado en más de una ocasión desde la Asociación de Damnificados Asistida Cáceres (DAC), los magistrados, a través de sentencias, están rechazando la premisa de las Administraciones acerca de que nos encontramos ante un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable, pues entienden que aquella debió actuar según el principio de precaución, en referencia a los reiterados anuncios realizados por la OMS, que desde el 30 de enero ya insistió en la necesidad de vigilancia activa, hecho conocido por las Comunidades Autónomas y las Consejerías. «Para la juzgadora, las distintas instituciones sanitarias autonómicas debieron hacer acopio entonces de abundantes EPIS para los sanitarios, lo cual habría redundado en la protección del resto de la ciudadanía. Por este motivo, ahora no resulta admisible apelar al desabastecimiento generalizado por stock insuficiente para hacer frente a la pandemia» (https://bit.ly/3dQkCoi).

A día de hoy seguimos sin saber siquiera cuantos fallecimientos se ha producido durante estos 100 días de Estado de Alarma en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres. "¿Tal vez el 50% de los residentes que ocupaban plaza en ese centro han fallecido?", es lo que nos seguimos preguntando desde la Asociación de Damnificados de la residencia Asistida de Cáceres. Y consideramos que no es difícil averiguarlo, solo hay que conocer la cifra de residentes actuales y restarla a los 320 residentes que vivían en el centro cuando se decretó el Estado de Alarma (https://bit.ly/2ZqYQ5r).

Por cierto, apuntó el Director Gerente del SEPAD, José Vicente Granado, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura, que se han repartido más de 26.000 test rápidos para trabajadores y residentes; y se ha distribuido más de un millón de mascarillas quirúrgicas, más de 113.000 del tipo FFP y 17.000 buzos. También destacó el «extraordinario esfuerzo» en contratación de personal, tanto sanitario como no sanitario, con atribuciones temporales de funciones a empleados públicos de otras áreas y un incremento de la dotación en 401 profesionales.

Pero no nos ha dicho aún el Director Gerente del SEPAD a qué porcentaje de trabajadores y residentes ha llegado con estos test rápidos, pues son varios centenares los servicios de atención continuada residencial con los que cuenta la Junta de Extremadura; por ejemplo, con ese número de buzos entregados al personal a cuantos han tocado los trabajadores del SEPAD durante los aproximadamente 100 días que ha durado la misma; Y si dividimos el número de mascarillas por el número de trabajadores y usuarios de los centenares y centenares de servicios de atención continuada residencial con que cuenta el SEPAD ¿a cuantas tocan por semana? Tampoco nos ha dicho el Sr. Granado la duración de los contratos de esos 401 profesionales y a partir de qué fecha han estado contratados y cuando ha finalizado su relación laboral con el SEPAD; así como si eran verdaderos refuerzos de plantillas o simples coberturas de bajas laborales y licencias producidas en las mismas.

Además, a lo que queremos que nos responda tanto el SEPAD como la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es a las siguientes preguntas que les hemos formulado a través de Solicitud de Acceso a la Información Pública: ¿Puede indicarnos con qué periodicidad se hace entrega a los trabajadores de este material y equipos de protección? ¿Tiene Usted documentadas estas entregas de material?, pues cuando a un trabajador de la Junta de Extremadura se le hace entrega de equipamiento de protección por parte de los responsables en materia de seguridad y salud laboral de su centro de trabajo, ha de firmar en el documento denominado Registro de entrega de Equipos de Protección Individual y que en la web de la institución se encuentra disponible y accesible online. Incluso online podemos conocer perfectamente el listado de Equipos de Protección Individual por Centros de Trabajo y Categorías Profesionales que de deben entregar a los trabajadores de la Junta de Extremadura (documento actualizado a fecha de 12 de marzo de 2020) y denominado Anexo C04.7.4 (https://bit.ly/2VzI5Uk).

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales 29/06/2020

En ella el Director Gerente del SEPAD, José Vicente Granado, ha reconocido que al inicio no existía un plan de contingencia y que ha sido la propia crisis la que obligó a tomar las medidas, muchas veces “forzadas y sobre la marcha”. Así como que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma y que fue «a partir del 21, con una nueva orden, cuando se transmitieron “indicaciones precisas y adaptadas” respecto al personal, la ubicación y aislamiento de los residentes infectados, sospechosos o sin contagiar, y también medidas en torno a la limpieza y desinfección» (https://youtu.be/rnRqx0rSdF4).

Y estas son las preguntas, que los familiares de residentes (y fallecidos por COVID-19) agradecemos, de la diputada Consuelo Rodríguez Píriz al director gerente del SEPAD, José Vicente Granado, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, celebrada en Mérida el lunes 29 de junio de 2020, sobre la actuación de la Junta en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres (https://bit.ly/3f6tE1K). Preguntas que se muestran en el siguiente vídeo resumen de su intervención (https://youtu.be/kP0OiEVm74A).


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