Según la información a la que ha tenido acceso este medio, familiares de fallecidos y víctimas, así como trabajadoras de la Residencia Asistida de Mayores "El Cuartillo" de Cáceres, han entrado en contacto con un conocido despacho de abogados de la ciudad al que le han remitido una detallada comunicación bien documentada.
Lo que las familias estiman que se pedirá para cada querellado es una pena que puede variar de entre los cuatro años y los quince años de cárcel, dependiendo de la calificación final, por cada uno de los fallecidos.
Y en concepto de responsabilidad civil, se solicitará el pago a cada querellante de una indemnización de entre 50.000 y 300.000 euros, por los daños y perjuicios causados por el padecimiento sufrido o por la muerte de sus familiares.
Estos son los dos últimos párrafos del escrito en los que le piden al bufete de abogados información sobre como se ejercería la acción, así como cual sería la minuta pecuniaria que el ejercicio de esta querella penal conllevaría a los familiares de fallecidos y víctimas por el padecimiento sufrido, así como a las trabajadoras de la Residencia Asistida de Mayores "El Cuartillo" de Cáceres que pretenden presentarla:
Decirles que en el día de hoy nos hemos enterado, a través de los medios de comunicación, que familiares y empleados han presentado una querella criminal contra un gobierno autonómico y 10 directores de residencias y han pedido que sean investigados por presuntos delitos de homicidio imprudente grave. ¿Sería posible hacer lo mismo en relación a la Residencia Asistida de Cáceres, el SEPAD y la Junta de Extremadura?
De ser posible desearíamos preguntarles como se ejercería la acción por su parte, así como cual sería el coste económico que el ejercicio de esta acción penal conllevaría para los familiares de aquellas personas que hayan fallecido en la Residencia Asistida El Cuartillo de Cáceres como consecuencia de la pésima gestión del Covid-19 en la misma; pues según la denuncia ante la Fiscalía, no se activaron medidas de protección a los trabajadores, y el aislamiento y distanciamiento social no fueron los adecuados para los residentes, que seguían bajando a comer todos juntos hasta hace dos semanas. Los trabajadores no recibían mascarillas. "Se guardaban bajo llaves y no se repartía para no alarmar". Incluso por faltar, "faltaban hasta termómetros. Durante muchos días, como no había test, no había separación real de los usuarios". "Los equipos de protección (EPIs) no empezaron a usarse hasta que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió un requerimiento a la Junta para que lo hiciera de "forma inmediata y generalizada" a todos los trabajadores del centro". Era el 4 de abril, 22 días después de decretarse el estado de alarma. "Los test no comenzaron a realizarse hasta el lunes 13. Hasta entonces, se protegían con "bolsas del basura" y donaciones caseras de particulares y empresas de Cáceres. Ahora, "siguen con muy poca protección". (Fuente: https://bit.ly/2S4jJRa).
Lo que las familias estiman que se pedirá para cada querellado es una pena que puede variar de entre los cuatro años y los quince años de cárcel, dependiendo de la calificación final, por cada uno de los fallecidos.
Y en concepto de responsabilidad civil, se solicitará el pago a cada querellante de una indemnización de entre 50.000 y 300.000 euros, por los daños y perjuicios causados por el padecimiento sufrido o por la muerte de sus familiares.
Estos son los dos últimos párrafos del escrito en los que le piden al bufete de abogados información sobre como se ejercería la acción, así como cual sería la minuta pecuniaria que el ejercicio de esta querella penal conllevaría a los familiares de fallecidos y víctimas por el padecimiento sufrido, así como a las trabajadoras de la Residencia Asistida de Mayores "El Cuartillo" de Cáceres que pretenden presentarla:
Decirles que en el día de hoy nos hemos enterado, a través de los medios de comunicación, que familiares y empleados han presentado una querella criminal contra un gobierno autonómico y 10 directores de residencias y han pedido que sean investigados por presuntos delitos de homicidio imprudente grave. ¿Sería posible hacer lo mismo en relación a la Residencia Asistida de Cáceres, el SEPAD y la Junta de Extremadura?
De ser posible desearíamos preguntarles como se ejercería la acción por su parte, así como cual sería el coste económico que el ejercicio de esta acción penal conllevaría para los familiares de aquellas personas que hayan fallecido en la Residencia Asistida El Cuartillo de Cáceres como consecuencia de la pésima gestión del Covid-19 en la misma; pues según la denuncia ante la Fiscalía, no se activaron medidas de protección a los trabajadores, y el aislamiento y distanciamiento social no fueron los adecuados para los residentes, que seguían bajando a comer todos juntos hasta hace dos semanas. Los trabajadores no recibían mascarillas. "Se guardaban bajo llaves y no se repartía para no alarmar". Incluso por faltar, "faltaban hasta termómetros. Durante muchos días, como no había test, no había separación real de los usuarios". "Los equipos de protección (EPIs) no empezaron a usarse hasta que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió un requerimiento a la Junta para que lo hiciera de "forma inmediata y generalizada" a todos los trabajadores del centro". Era el 4 de abril, 22 días después de decretarse el estado de alarma. "Los test no comenzaron a realizarse hasta el lunes 13. Hasta entonces, se protegían con "bolsas del basura" y donaciones caseras de particulares y empresas de Cáceres. Ahora, "siguen con muy poca protección". (Fuente: https://bit.ly/2S4jJRa).
