¿Cuando va a asumir la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por infravalorar la capacidad destructiva del nuevo virus, algún tipo de responsabilidad política?
Solicitud de acceso a la información pública
A/A Portal de Transparencia y Participación Ciudadana de la Junta de Extremadura
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/solicitar-informacion
Fecha: 14 de febrero de 2022
Asunto: Solicitud de información sobre cuando va a asumir la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por infravalorar la capacidad destructiva del nuevo virus, algún tipo de responsabilidad política.
Quien la presente suscribe, EXPONE:
A.- Que el día 28 de enero de 2022 se dicta el auto que acuerda el sobreseimiento y archivo de las Diligencias Previas Número 255/2020, relativas a la querella por delitos de lesiones y homicidio por imprudencia en la Residencia Asistida "El Cuartillo" de Cáceres. En el cual se afirma:
a) Que "a nadie escapa la situación de caos vivido en los meses duros de la pandemia, ni la saturación de los hospitales que no podían atender a la avalancha de enfermos recibidos, ni la situación vivida en buena parte de las residencias de ancianos de este país, con el personal contagiado, la falta de medios, los contagios masivos y un largo etc., que por conocido se estima innecesario seguir haciendo hincapié en ello."
b) Que "la actuación u omisión de la señora García Julián discurría en línea con el sentir o la percepción general de la población y de las propias autoridades sanitarias, que infravaloraron la capacidad destructiva del nuevo virus según se advirtió a posteriori; y no cabe exigir a la misma un nivel de previsión o una diligencia mayor que la que a fecha de febrero y principios de marzo podría exigirse a las autoridades sanitarias, ni la anticipación de medidas restrictivas o de contención que ni siquiera estaban previstas legalmente."
c) Que "hasta el 4 de marzo los centros sociosanitarios no contaban con normas específicas sobre ordenación de las residencias de mayores y centros sociosanitarios y únicamente existía una publicación de 5 de marzo, elaborada por el Ministerio del Interior, denominada Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19, y tras la declaración del estado de alarma, no se contó con normas específicas sobre ordenación de las residencias de mayores y centros sociosanitarios hasta la publicación de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, publicada en el BOE de 21 de marzo de 2020. Es decir, en el documento de 5 de marzo solo se establecían recomendaciones para prevenir la propagación del COVID-19."
B.- Que el día 31 de enero de 2022 Amnistía Internacional publica el artículo titulado: "Residencias: la deficiente investigación sobre lo sucedido extiende la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad a las familias"
Fuente de información:
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/residencias-la-deficiente-investigacion-sobre-lo-sucedido-extiende-la-impunidad-y-obstaculiza-el-acceso-a-la-verdad-a-las-familias/
C.- Que el día 3 de febrero de 2022 la Fiscalía General del Estado informa, a través de los medios de comunicación, que proporcionará a las víctimas y sus familiares "la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar". En la citada noticia se afirma:
a) Que la petición se produce días después de que Amnistía Internacional denunciara la deficiente actuación de la Fiscalía para esclarecer los más de 35.000 fallecimientos de mayores en residencias durante los primeros meses de pandemia, que están siendo archivadas la mayoría incluso sin el testimonio de los familiares.
b) Que el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, documenta, en el estudio sobre la gestión de la pandemia en las residencias de mayores, la "deficiente" actuación del Ministerio Fiscal. Además, la organización denuncia que el cierre de las comisiones de investigación en las comunidades autónomas está provocando una "impunidad casi absoluta" sobre lo sucedido.
c) Que "el 89% de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas", denunció Beltrán, en declaraciones a los medios. A su juicio, este "escaso impulso" de las investigaciones sobre lo ocurrido en residencias de mayores está recayendo principalmente sobre familiares de las víctimas, que según ha indicado, se "sienten abandonados".
Fuente de información:
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/region/20220203/fiscalia-general-investiga-muertes-residencias-castilla-la-mancha/647435262_0.html
D.- Que el 5 de febrero de 2022, en el Fragmento de la intervención de Ángeles Maestro, Médica y Técnica Superior de Salud Pública, en la Conferencia sobre Derechos y Libertades en tiempos de pandemia, afirma lo siguiente:
a) Que "a nosotros nos llegó una información que no pudimos de divulgar en su momento y es que en el equipo de Fernando Simón, donde estaban las personas con unos niveles profesionales de experiencia y de cualificación más alta, en el mes de abril de dos mil veinte se les hizo saber que a partir de entonces las decisiones no se iban a tomar por criterios técnico-epidemiológicos sino por razones políticas, eso se les dijo y eso hizo que algunas personas, por su conciencia y su ética personal y profesional, abandonaran el equipo de Fernando Simón".
b) Que "no se pudo decir entonces, pero hoy una entrevista reciente a un especialista en salud pública profesor de epidemiología en la universidad de Oviedo, quizá tu le conozcas Pedro Arcos, ha dicho exactamente lo mismo, las decisiones que se tomaron a partir de abril de dos mil veinte eran decisiones políticas".
Fuente de información:
https://www.youtube.com/watch?v=wFW0utNzcV8
Por todo ello SOLICITA, dado que "la actuación u omisión de la señora García Julián discurría en línea con el sentir o la percepción general de la población y de las propias autoridades sanitarias, que infravaloraron la capacidad destructiva del nuevo virus según se advirtió a posteriori; y no cabe exigir a la misma un nivel de previsión o una diligencia mayor que la que a fecha de febrero y principios de marzo podría exigirse a las autoridades sanitarias, ni la anticipación de medidas restrictivas o de contención que ni siquiera estaban previstas legalmente", ser respondido a las siguientes interpelaciones de información pública:
1.- ¿Va a asumir la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por infravalorar la capacidad destructiva del nuevo virus, algún tipo de responsabilidad política? Pues no hacerlo condiciona las peticiones de que se haga justicia por parte de los familiares de las víctimas ante los juzgados por el elevado número de fallecimientos acaecidos en los centros residenciales de mayores de Extremadura durante la primera ola de la pandemia de la Covid-19, pues estos nos responden que "no cabe exigir a la misma un nivel de previsión o una diligencia mayor que la que a fecha de febrero y principios de marzo podría exigirse a las autoridades sanitarias, ni la anticipación de medidas restrictivas o de contención que ni siquiera estaban previstas legalmente."
2.- ¿Existió falta de diligencia por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura en la gestión de la pandemia en Extremadura, la cual se puede definir de lamentable, un auténtico desastre (https://bit.ly/3HQriCM)?
3.- ¿Fue la respuesta del dispositivo de Salud Pública gestionado por el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, absolutamente deficiente y lamentable, en gran parte por la ausencia de efectivos. Siendo las residencias, en especial la Residencia Asistida de Mayores 'El Cuartillo' de Cáceres, uno de los focos más importantes de la pandemia en Extremadura; tanto por el número de trabajadores contagiados como de residentes, pues "en la Asistida llegó a infectarse casi el 80% de los usuarios; concretamente 251 de los 320 que vivían cuando empezó la crisis sanitaria" (https://bit.ly/2ARVUq4), como por el elevado número de mayores fallecidos, más de 100, "se ha registrado la muerte de más de un centenar de mayores por el coronavirus" (https://bit.ly/3gmG1YW)?
4.- ¿Cuando se va a dignar la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura a responder a las preguntas formuladas por los familiares de los fallecidos en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres, entre otras, la relativa a cuántos de esos 253 trabajadores que deben conformar la plantilla del centro se encontraban de baja durante la primera ola de la pandemia (https://bit.ly/3HRL6Wf)? Pues no cubrir las bajas deteriora la atención, el cuidado y el servicio, colocando a Extremadura como la segunda comunidad, tras Aragón, con el mayor porcentaje de fallecidos en residencias de mayores, un 85,2 % (https://bit.ly/3HQriCM).
Y para que así conste donde proceda a los efectos oportunos les hago llegar la presente petición.
A/A Portal de Transparencia y Participación Ciudadana de la Junta de Extremadura
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/solicitar-informacion
Fecha: 14 de febrero de 2022
Asunto: Solicitud de información sobre cuando va a asumir la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por infravalorar la capacidad destructiva del nuevo virus, algún tipo de responsabilidad política.
Quien la presente suscribe, EXPONE:
A.- Que el día 28 de enero de 2022 se dicta el auto que acuerda el sobreseimiento y archivo de las Diligencias Previas Número 255/2020, relativas a la querella por delitos de lesiones y homicidio por imprudencia en la Residencia Asistida "El Cuartillo" de Cáceres. En el cual se afirma:
a) Que "a nadie escapa la situación de caos vivido en los meses duros de la pandemia, ni la saturación de los hospitales que no podían atender a la avalancha de enfermos recibidos, ni la situación vivida en buena parte de las residencias de ancianos de este país, con el personal contagiado, la falta de medios, los contagios masivos y un largo etc., que por conocido se estima innecesario seguir haciendo hincapié en ello."
b) Que "la actuación u omisión de la señora García Julián discurría en línea con el sentir o la percepción general de la población y de las propias autoridades sanitarias, que infravaloraron la capacidad destructiva del nuevo virus según se advirtió a posteriori; y no cabe exigir a la misma un nivel de previsión o una diligencia mayor que la que a fecha de febrero y principios de marzo podría exigirse a las autoridades sanitarias, ni la anticipación de medidas restrictivas o de contención que ni siquiera estaban previstas legalmente."
c) Que "hasta el 4 de marzo los centros sociosanitarios no contaban con normas específicas sobre ordenación de las residencias de mayores y centros sociosanitarios y únicamente existía una publicación de 5 de marzo, elaborada por el Ministerio del Interior, denominada Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19, y tras la declaración del estado de alarma, no se contó con normas específicas sobre ordenación de las residencias de mayores y centros sociosanitarios hasta la publicación de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, publicada en el BOE de 21 de marzo de 2020. Es decir, en el documento de 5 de marzo solo se establecían recomendaciones para prevenir la propagación del COVID-19."
B.- Que el día 31 de enero de 2022 Amnistía Internacional publica el artículo titulado: "Residencias: la deficiente investigación sobre lo sucedido extiende la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad a las familias"
Fuente de información:
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/residencias-la-deficiente-investigacion-sobre-lo-sucedido-extiende-la-impunidad-y-obstaculiza-el-acceso-a-la-verdad-a-las-familias/
C.- Que el día 3 de febrero de 2022 la Fiscalía General del Estado informa, a través de los medios de comunicación, que proporcionará a las víctimas y sus familiares "la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar". En la citada noticia se afirma:
a) Que la petición se produce días después de que Amnistía Internacional denunciara la deficiente actuación de la Fiscalía para esclarecer los más de 35.000 fallecimientos de mayores en residencias durante los primeros meses de pandemia, que están siendo archivadas la mayoría incluso sin el testimonio de los familiares.
b) Que el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, documenta, en el estudio sobre la gestión de la pandemia en las residencias de mayores, la "deficiente" actuación del Ministerio Fiscal. Además, la organización denuncia que el cierre de las comisiones de investigación en las comunidades autónomas está provocando una "impunidad casi absoluta" sobre lo sucedido.
c) Que "el 89% de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas", denunció Beltrán, en declaraciones a los medios. A su juicio, este "escaso impulso" de las investigaciones sobre lo ocurrido en residencias de mayores está recayendo principalmente sobre familiares de las víctimas, que según ha indicado, se "sienten abandonados".
Fuente de información:
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/region/20220203/fiscalia-general-investiga-muertes-residencias-castilla-la-mancha/647435262_0.html
D.- Que el 5 de febrero de 2022, en el Fragmento de la intervención de Ángeles Maestro, Médica y Técnica Superior de Salud Pública, en la Conferencia sobre Derechos y Libertades en tiempos de pandemia, afirma lo siguiente:
a) Que "a nosotros nos llegó una información que no pudimos de divulgar en su momento y es que en el equipo de Fernando Simón, donde estaban las personas con unos niveles profesionales de experiencia y de cualificación más alta, en el mes de abril de dos mil veinte se les hizo saber que a partir de entonces las decisiones no se iban a tomar por criterios técnico-epidemiológicos sino por razones políticas, eso se les dijo y eso hizo que algunas personas, por su conciencia y su ética personal y profesional, abandonaran el equipo de Fernando Simón".
b) Que "no se pudo decir entonces, pero hoy una entrevista reciente a un especialista en salud pública profesor de epidemiología en la universidad de Oviedo, quizá tu le conozcas Pedro Arcos, ha dicho exactamente lo mismo, las decisiones que se tomaron a partir de abril de dos mil veinte eran decisiones políticas".
Fuente de información:
https://www.youtube.com/watch?v=wFW0utNzcV8
Por todo ello SOLICITA, dado que "la actuación u omisión de la señora García Julián discurría en línea con el sentir o la percepción general de la población y de las propias autoridades sanitarias, que infravaloraron la capacidad destructiva del nuevo virus según se advirtió a posteriori; y no cabe exigir a la misma un nivel de previsión o una diligencia mayor que la que a fecha de febrero y principios de marzo podría exigirse a las autoridades sanitarias, ni la anticipación de medidas restrictivas o de contención que ni siquiera estaban previstas legalmente", ser respondido a las siguientes interpelaciones de información pública:
1.- ¿Va a asumir la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por infravalorar la capacidad destructiva del nuevo virus, algún tipo de responsabilidad política? Pues no hacerlo condiciona las peticiones de que se haga justicia por parte de los familiares de las víctimas ante los juzgados por el elevado número de fallecimientos acaecidos en los centros residenciales de mayores de Extremadura durante la primera ola de la pandemia de la Covid-19, pues estos nos responden que "no cabe exigir a la misma un nivel de previsión o una diligencia mayor que la que a fecha de febrero y principios de marzo podría exigirse a las autoridades sanitarias, ni la anticipación de medidas restrictivas o de contención que ni siquiera estaban previstas legalmente."
2.- ¿Existió falta de diligencia por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura en la gestión de la pandemia en Extremadura, la cual se puede definir de lamentable, un auténtico desastre (https://bit.ly/3HQriCM)?
3.- ¿Fue la respuesta del dispositivo de Salud Pública gestionado por el vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, absolutamente deficiente y lamentable, en gran parte por la ausencia de efectivos. Siendo las residencias, en especial la Residencia Asistida de Mayores 'El Cuartillo' de Cáceres, uno de los focos más importantes de la pandemia en Extremadura; tanto por el número de trabajadores contagiados como de residentes, pues "en la Asistida llegó a infectarse casi el 80% de los usuarios; concretamente 251 de los 320 que vivían cuando empezó la crisis sanitaria" (https://bit.ly/2ARVUq4), como por el elevado número de mayores fallecidos, más de 100, "se ha registrado la muerte de más de un centenar de mayores por el coronavirus" (https://bit.ly/3gmG1YW)?
4.- ¿Cuando se va a dignar la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura a responder a las preguntas formuladas por los familiares de los fallecidos en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres, entre otras, la relativa a cuántos de esos 253 trabajadores que deben conformar la plantilla del centro se encontraban de baja durante la primera ola de la pandemia (https://bit.ly/3HRL6Wf)? Pues no cubrir las bajas deteriora la atención, el cuidado y el servicio, colocando a Extremadura como la segunda comunidad, tras Aragón, con el mayor porcentaje de fallecidos en residencias de mayores, un 85,2 % (https://bit.ly/3HQriCM).
Y para que así conste donde proceda a los efectos oportunos les hago llegar la presente petición.
