Solicitud a la Comisión de Peticiones para que intervenga ante la vulneración sistemática del derecho a acceder a la información pública
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Asunto: Solicitud a la Comisión de Peticiones de la Asamblea de Extremadura para que intervenga ante la vulneración sistemática, por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, del derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos por el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la Ley de Transparencia; Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que tiene como objetivo reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas.
Quien la presente suscribe, ante Ustedes comparece y, como mejor proceda en derecho, por medio de la presente solicitud EXPONE:
1.- Que, como conoce la Comisión de Peticiones de la Asamblea de Extremadura, tengo presentadas 14 solicitudes de información pública (SOL-2020-527, SOL-2020-360, SOL-2020-431, SOL-2020-435, SOL-2020-439, SOL-2020-441, SOL-2020-444, SOL-2020-450, SOL-2020-453, SOL-2020-458, SOL-2020-464, SOL-2020-468, SOL-2020-471 y SOL-2020-472), que contienen un total de 187 preguntas, y aún no he sido respondido por el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, a ninguna de ellas.
2.- Que el 20 de mayo de 2020 el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, nos dijo a los familiares de residentes fallecidos por Covid-19 en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres que "no hace falta que acudan a la Fiscalía. Estamos predispuestos a dar información", "nosotros les proporcionaremos a las familias toda la información y todos los datos que nos pidan, no hace falta que lo pidan si no quieren a través de la Fiscalía" (https://bit.ly/2XqDfJp), a día de hoy, aún esperamos que ese ofrecimiento sea concretado por la Junta de Extremadura y esa información pedida, a través de 14 Solicitudes de Información Pública, nos llegue.
3.- Que el día 30 de abril de 2020 se nos comunica por parte del Defensor del Pueblo que "esta institución ha recibido escritos similares al suyo, en los que los ciudadanos plantean su disconformidad con el funcionamiento de la Residencia El Cuartillo durante el estado de alarma por el Covid-19, y ha resuelto dirigir escrito a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, con la finalidad de obtener información general sobre el problema que ha motivado su queja. Tan pronto se reciba la misma, se le dará traslado de su contenido." (https://bit.ly/33pv8kq).
4.- Que el día 25 de julio de 2020 el Defensor del Pueblo «urge» información sobre la Residencia Asistida. El Defensor del Pueblo ha requerido a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales «la remisión urgente» de la información que solicitan los familiares de ancianos fallecidos en la Residencia Asistida de Cáceres, durante la pandemia. El Defensor del Pueblo, debido a la «tardanza» de la consejería, vuelve a reiterar su petición de forma urgente, y así se lo ha hecho saber a distintas familias a través de escritos. Además, la Asociación Damnificados Asistida Cáceres ha enviado hasta nueve solicitudes de información pública (https://bit.ly/3nzGn1b).
5.- Que el día 27 de octubre de 2020 el Defensor del Pueblo recrimina a la Junta su falta de información sobre la Residencia Asistida y le comunica en una tercera carta que la ausencia de colaboración puede dar lugar a "la declaración de tal actitud como hostil y entorpecedora”, y al envío de un informe a las Cortes. Por su parte, los familiares afirman que, según sus datos, en el centro ya han muerto 107 ancianos tanto por el covid como por sus secuelas hasta principios de octubre. Además del amparo solicitado al Defensor del Pueblo, también han presentado una querella por vía penal ante el juzgado, por homicidio imprudente. Insisten en que solo quieren conocer “la verdad” de la gestión que se ha llevado a cabo durante la pandemia (https://bit.ly/2KdJlua).
6.- Que los familiares de residentes y de fallecidos por COVID-19 no entendemos el por qué la Junta de Extremadura no atiende, tras los meses transcurridos y las evidencias y errores cometidos que ellos mismos reconocen, la reiterada petición del Defensor del Pueblo que «urge» información sobre la Residencia Asistida. (https://bit.ly/3hz9Fd1), así como las 14 solicitudes de información pública presentadas por quién la presente suscribe (https://bit.ly/3jbEjLx).
7.- Que algo muy grave ha ocurriendo en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres, algo grave que se está intentando por todos los medios tapar (https://bit.ly/2NqGDzs), pues a día de hoy aún no sabemos ni siquiera el número de víctimas negadas en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres (https://bit.ly/2Wt2IlS). "Señorías, los que están muriendo en las residencias por las secuelas del Covid son víctimas del Covid, no mueren de patologías previas o de las escaras, son víctimas del Covid porque estaban infectados. Y son víctimas negadas y son igualmente víctimas" (https://bit.ly/30mGJOm).
8.- Que si la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura quiere de verdad ayudar a los familiares de los fallecidos en la Residencia Asistida de Cáceres a superar el duelo por la pérdida de sus seres queridos, ha de tener la voluntad de desvelar la verdad de lo ocurrido en el centro, reconociendo sus evidentes errores y resarcir así a las víctimas por el daño causado, pues esta es la única manera de que se haga justicia; más cuando de lo único que se trataría es de plasmar en un documento los errores que en prensa ya han reconocido; esto es:
a) Que "Hubo falta de protocolo y conocimiento", también de materiales de protección "en las primeras semanas de la pandemia"; así como que los residentes "han sufrido mucho y se han deteriorado mucho", también cognitivamente (https://bit.ly/2BmP0cE). Todo ello según lo manifestado por el Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), José Vicente Granado, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura celebrada el pasado día 29 de junio de 2020.
b) Que, como ya apuntó también Luís Salaya, alcalde del PSOE de Cáceres, el viernes 12 junio 2020, quien manifestaba al respecto: "Está claro que algo se ha hecho mal, principalmente en la Asistida. Ha habido fallos y hay una investigación abierta". "Sigo sin tener claro lo que ha pasado en la Asistida", "pero sin duda se han cometido errores y algo ha pasado para que fuera imposible frenar los contagios durante tantos días" (https://bit.ly/3foj1aC).
c) Que el mismo Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, reconoció lo evidente cuando indicó el 27 de junio de 2020 que «mandamos a luchar a nuestros profesionales probablemente con menos materiales de protección individual de los que establecían los protocolos» (https://bit.ly/2ZaVAek). Estas declaraciones del Consejero de Sanidad y Servicios Sociales indican el origen del contagio y muerte de nuestros seres queridos en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres.
d) Que en el debate parlamentario celebrado el 9 de julio de 2020 sobre la solicitud de creación de la Comisión de Investigación sobre la gestión de las residencias de mayores en Extremadura, el diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Vicente Valle, ha reconocido que "evidentemente ha habido algún error" (https://bit.ly/3khECnh).
e) Que incluso la directora de la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres, Amparo García, en su declaración ante el Juzgado número 3 de la ciudad el día 29 de enero de 2021, ha reconocido que los trabajadores tuvieron que llegar a usar bolsas de basura para protegerse ante la falta de material. La directora también reconoció que había prohibido a una trabajadora externa, que iba a dar de comer a un residente, que usara mascarilla, «porque al centro se habían enviado mascarillas, pero no se había ordenado aún su uso» (https://bit.ly/3pBVSqs). También dijo que el traslado de ancianos al hospital se hizo bajo criterios médicos y que desconoce por qué en algunos casos se tardó más tiempo. Uno de los querellantes asegura que su familiar llegó deshidratado y con una «frecuencia respiratoria agónica», como se recoge en el informe de Urgencias. La directora también reconoció que en la cuarta planta se mezclaba tanto a ancianos covid confirmados como a los que presentaban síntomas pero aún no se les había hecho la prueba. Y que prohibió a una cuidadora externa ponerse la mascarilla días antes de que se decretara el cierre de las residencias. Aseguró que lo hizo porque, a pesar de que ya se les habían enviado mascarillas, no se les había dado la orden de usarlas. Sí les habían informado, tal y como declaró, de que tenían que adoptar medidas de distanciamiento social y extremar la higiene. Y dijo que había trabajadores que atendían tanto en plantas covid como no covid (no había separación) (https://bit.ly/2Yr9lFB).
Es por todo ello que SOLICITO:
A.- Que tengan por presentado este escrito y acuerde admitirlo, teniendo por reproducido en este solicita todo aquello que en el expone se recoge.
B.- Que se insta a la Comisión de Peticiones de la Asamblea de Extremadura para que intervenga ante la vulneración sistemática, por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, del derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos por el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la Ley de Transparencia; Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que tiene como objetivo reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas.
C.- Que se insta a la Comisión de Peticiones de la Asamblea de Extremadura para que intervenga de oficio ante la conculcación, por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Española así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pues vulnera el derecho a saber que la Constitución Española de 1978 no sólo incluyó en su catálogo de Derechos Fundamentales, sino que, por vía de jurisprudencia constitucional, ha adquirido una posición preferente. Además, este derecho a saber tiene como fin la vigilancia de ese otro derecho fundamental, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y moral de nuestros mayores. ¿Por qué siendo esto así la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el SEPAD ponen trabas a que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres?
En espera de su pronta respuesta a esta solicitud de intervención, reciban un cordial saludo.
En Plasencia a 01 de febrero de 2021