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Solicitud para que los Defensores del Pueblo de España y de Europa intervengan de oficio ante la vulneración, por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; así como del artículo 105. b) de la Constitución Española

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28010 - Madrid

Fecha: 30/09/2020

Asunto: Solicitud para que los Defensores del Pueblo de España y de Europa intervengan de oficio ante la vulneración, por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; así como del artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la Ley de Transparencia; Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que tiene como objetivo reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas.

Quien la presente suscribe, ante Usted comparece y, como mejor proceda en derecho, por medio de la presente solicitud vengo a poner en su conocimiento los siguientes HECHOS:

1.- Que el día 14 de julio de 2020 recibí 9 REQUERIMIENTOS de José Vicente Granado Granado, Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia. Todos ellos son un copia y pega del mismo contenido en el que solo varía el asunto. Asunto por cierto que se refiere al contenido de lo solicitado.

2.- Que en esos 9 REQUERIMIENTOS me dice que "ha tenido entrada solicitud de acceso a la información pública, cuyo asunto es el siguiente":
Fecha 1 de junio 2020: “Solicito información por este canal siguiendo la indicación de la Dirección Gerencia SEPAD”.
Fecha 2 de junio 2020: “Solicitud de información sobre la trazabilidad de los residentes dentro de la Residencia Asistida El Cuartillo de Cáceres durante el estado de alarma y confinamiento”.
Fecha 2 de junio 2020: “Solicitud de información sobre la situación de las residencias de mayores durante la crisis del Covid-19”.
Fecha 3 de junio 2020: “¿Por qué en la Residencia Asistida de Mayores 'El Cuartillo' de Cáceres se han producido tantos muertos y contagiados por coronavirus?”.
Fecha 7 de junio 2020: “¿Cómo se están contabilizando en Extremadura los fallecimientos por secuelas o enfermedades agravadas por el coronavirus?”
Fecha 8 de junio 2020: “¿Qué ha sido en realidad el Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres, el IFEMA de Extremadura o la MORGUE, el Palacio de Hielo, de la región?”.
Fecha 20 de junio 2020: “¿Cuantos delitos por presunta imprudencia grave ha cometido el Gobierno de la Junta de Extremadura?”
Fecha 21 de junio 2020: “¿Está la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura investigando las graves secuelas de salud derivadas del Covid-19 para ayudar a los afectados a recuperarse? ¿Cómo califica la Junta de Extremadura a los fallecidos por las secuelas del Covid-19 que no puede ayudar a recuperar?”
Fecha 4 de julio 2020: “Solicitud de información sobre el estándar actual de la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres, así como cuántos residentes han muerto por úlceras por presión (escaras) en ese centro”.

3.- Que de ellos me dice José Vicente Granado Granado, Director Gerente del SEPAD, lo siguiente: "Analizado el contenido de la solicitud de acceso a la información pública de referencia, se realizan una serie de afirmaciones y opiniones personales a la vez que realiza una batería de preguntas repetitivas y sin concretar, en muchas ocasiones, la información que se solicita". "El tenor literal de la redacción de las preguntas formuladas permite concluir que, más que información pública, lo que se solicita de la administración es una valoración subjetiva o un posicionamiento de la misma respecto de un asunto específico. En efecto, más parece que estemos en presencia de la búsqueda de un juicio de valor de la administración pública por el ahora reclamante a propósito de la forma de gestionar una determinada política pública que ante una petición de información sobre contenidos o documentos específicos". "En Mérida, a la fecha de la firma electrónica. El Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia. José Vicente Granado Granado".

4.-
Que en respuesta al Sr. Granado, y a sus 9 REQUERIMIENTOS, respondí el mismo día 14 de julio de 2020 "que son las mismas preguntas que se le han realizado en sede parlamentaria en multitud de ocasiones y a las que Ustedes no quieren responder" (https://bit.ly/2CCjwPX). Al tiempo que le recordé lo que ya le dije en mi primera comunicación al Sr. Granado (https://bit.ly/3gZwXsa) y se lo volví a decir en esta, "el SEPAD y la Junta de Extremadura tienen que responder a las preguntas que se le han formulado y concretar las fechas, pues de no ser así no tendrá credibilidad nada de lo que nos están diciendo. Será una posverdad muy bien elaborada por la Junta de Extremadura pero, como toda posverdad, una gran mentira, pues no responde más que a ese rasgo característico de la política posfactual: tener un discurso aparentemente basado en hechos pero con hechos falsos o completamente tergiversados".

5.- Que por mi parte me reafirmo (pues han sido reiteradas a través de nuevas Solicitudes de Información Pública) en todas y cada una de las preguntas formuladas que, como así trasladé al Sr. Granado, Director Gerente del SEPAD, "no son, por supuesto, ni un juicio de valor ni tienen por propósito que Ustedes gestionen de otra manera, pues ya han demostrado sobradamente que no saben. Lo dice hasta la Universidad de Cambridge. Cambridge hunde a Sánchez: España es el país que peor ha gestionado la pandemia. España aparece en la cola de la lista elaborada por prestigiosa Universidad de Cambridge sobre la gestión del coronavirus (https://bit.ly/2CDPBH6). Y si Sánchez lo ha hecho mal pues Ustedes ya se pueden imaginar la valoración que obtendrían, Ustedes que tienen a la región a la cola de todo y por ello es conocida como 'Extremadura, farolillo rojo de España'; Y dado que en el debate de la solicitud de creación de Comisión de Investigación sobre la gestión de las residencias de mayores en Extremadura, su diputado en la Asamblea de Extremadura Vicente Valle ha reconocido que 'evidentemente ha habido algún error', pues también he trasladado las mismas preguntas, a través de la Comisión de Peticiones de la Asamblea de Extremadura, para que las haga llegar a los Grupos Parlamentarios presentes en la Comisión no Permanente de Estudio sobre la Pandemia y allí se las formulen de nuevo a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales".

Es por todo ello que SOLICITO:

A.- Que tengan por presentado este escrito y acuerde admitirlo, teniendo por reproducido en este solicita todo aquello que en el expone se recoge.

B.- Que los Defensores del Pueblo de España y de Europa intervengan de oficio ante la vulneración, por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, legalmente vinculante para España, y en vigor desde el día 1 de diciembre de 2009, regula y garantiza el derecho a la información. Así como lo recogido por la Conferencia General de la UNESCO que votó para designar el 28 de septiembre como "Día Internacional para el Acceso Universal a la Información" o, como se lo conoce más comúnmente, Día de Acceso a la Información. Sin olvidar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos. Sin olvidar que en España todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la Ley de Transparencia; Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que en España es una norma que tiene como objetivo reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas.

C.- Que los Defensores del Pueblo de España y de Europa intervengan de oficio ante la vulneración y conculcación, por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Española así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ¿Por qué el SEPAD y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales vulneran nuestro derecho a saber que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución Española de 1978 no sólo incluyó en su catálogo de Derechos Fundamentales, sino que, por vía de jurisprudencia constitucional, ha adquirido una posición preferente? Además, este derecho a saber tiene como fin la vigilancia de ese otro derecho fundamental, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y moral de nuestros mayores. ¿Por qué siendo esto así la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el SEPAD ponen trabas a que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres?

D.- Que incluso el Defensor del Pueblo de España puede atestiguar esa demora, retraso y quebrantamiento en recibir la información solicitada, cito literalmente: "ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura, con esta misma fecha se ha requerido la remisión urgente de la misma". (https://bit.ly/36oFlPZ). Lo cual hace aconsejable la solicitud que se pide de intervención de oficio de los Defensores del Pueblo de España y de Europa ante la vulneración, por parte de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; así como del artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la Ley de Transparencia; Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que tiene como objetivo reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas.


En espera de su pronta respuesta a esta solicitud de intervención, reciban un cordial saludo.

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