¿Qué tipo de archivos se han quemado en el incendio en el edificio del SEPAD en Mérida y si estos están relacionados con la investigación de lo ocurrido en las residencias de mayores?
A raíz de ello sugerimos al Sr. José María Vergeles, Consejero de Sanidad y Servicios Sociales o al Sr. José Vicente Granado Granado, Director Gerente del SEPAD, que nos informen a los ciudadanos extremeños, a la Asociación Damnificados Asistida Cáceres, así como a los Grupos Parlamentarios presentes en la Comisión no Permanente de Estudio (CNPE-4) sobre la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre qué tipo de archivos se han quemado en el incendio en el edificio del SEPAD en Mérida y si estos están relacionados con la investigación de lo ocurrido en las residencias de mayores.
Solicitud presentada a través de la Sede Electrónica de la Junta de Extremadura.
Se aprovecha la presente comunicación para aclarar lo siguiente:
Que los familiares de afectados, representados por el despacho de abogados Pita & Broncano de Cáceres, han presentado querella criminal dirigida contra la directora de La Asistida por presuntos delitos de "homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia", aunque la petición podría aumentar según se desarrollen las actuaciones judiciales que se acometan. Asimismo la acusación no descarta que a lo largo del proceso judicial se pidan también responsabilidades penales a la Junta de Extremadura, ya que El Cuartillo es una residencia de mayores de titularidad pública y gestionada por el SEPAD (https://bit.ly/3jVYFsd).
Que los Señores Vergeles y Granado, también el Sr. Vara, no deben de confundir responsabilidad política con responsabilidad penal. El principio de desconfianza hacia los gobernantes, es el fundamento básico de la política democrática; pues la responsabilidad política no se subsume bajo la responsabilidad jurídica (https://bit.ly/2XhjNPQ).
Que como afirma Rafael Bustos Gisbert, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, confundir y mezclar la responsabilidad política y la responsabilidad penal es una enorme trampa inventada por algunos dirigentes de los partidos españoles para escapar de los controles políticos (https://bit.ly/39bzdK8).
Por cierto, hay que ir pensando en impulsar un grupo de trabajo abierto a la ciudadanía para que se depuren responsabilidades políticas y dimitan, al menos, por su gestión de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los Señores Granado y Vergeles. Si el Gobierno de Aragón va a llevar a los tribunales a la residencia de Burbáguena, Teruel, tras el contagio de 62 personas y dos fallecidas; dada "la gravedad de lo ocurrido y los indicios de delito detectados" (https://bit.ly/3jY3CRc). Aquí, como mínimo, por los luctuosos acontecimientos padecidos y sufridos por residentes y trabajadores de la Residencia de Mayores Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres, deberían dimitir los Señores Granado y Vergeles. Recordemos: "En la Asistida llegó a infectarse casi el 80% de los usuarios; concretamente 251 de los 320 que vivían cuando empezó la crisis sanitaria. Este centro de mayores ha sido además el que ha registrado un mayor número de fallecidos; 75 desde que comenzara la pandemia, lo que supone que el virus se ha llevado a casi el 30% de los ancianos que se infectaron" (https://bit.ly/2ARVUq4).
Que los familiares de afectados, representados por el despacho de abogados Pita & Broncano de Cáceres, han presentado querella criminal dirigida contra la directora de La Asistida por presuntos delitos de "homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia", aunque la petición podría aumentar según se desarrollen las actuaciones judiciales que se acometan. Asimismo la acusación no descarta que a lo largo del proceso judicial se pidan también responsabilidades penales a la Junta de Extremadura, ya que El Cuartillo es una residencia de mayores de titularidad pública y gestionada por el SEPAD (https://bit.ly/3jVYFsd).
Que los Señores Vergeles y Granado, también el Sr. Vara, no deben de confundir responsabilidad política con responsabilidad penal. El principio de desconfianza hacia los gobernantes, es el fundamento básico de la política democrática; pues la responsabilidad política no se subsume bajo la responsabilidad jurídica (https://bit.ly/2XhjNPQ).
Que como afirma Rafael Bustos Gisbert, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, confundir y mezclar la responsabilidad política y la responsabilidad penal es una enorme trampa inventada por algunos dirigentes de los partidos españoles para escapar de los controles políticos (https://bit.ly/39bzdK8).
Por cierto, hay que ir pensando en impulsar un grupo de trabajo abierto a la ciudadanía para que se depuren responsabilidades políticas y dimitan, al menos, por su gestión de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los Señores Granado y Vergeles. Si el Gobierno de Aragón va a llevar a los tribunales a la residencia de Burbáguena, Teruel, tras el contagio de 62 personas y dos fallecidas; dada "la gravedad de lo ocurrido y los indicios de delito detectados" (https://bit.ly/3jY3CRc). Aquí, como mínimo, por los luctuosos acontecimientos padecidos y sufridos por residentes y trabajadores de la Residencia de Mayores Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres, deberían dimitir los Señores Granado y Vergeles. Recordemos: "En la Asistida llegó a infectarse casi el 80% de los usuarios; concretamente 251 de los 320 que vivían cuando empezó la crisis sanitaria. Este centro de mayores ha sido además el que ha registrado un mayor número de fallecidos; 75 desde que comenzara la pandemia, lo que supone que el virus se ha llevado a casi el 30% de los ancianos que se infectaron" (https://bit.ly/2ARVUq4).
