El SEPAD señala que en la Residencia Asistida de Cáceres "hubo falta de protocolo y conocimiento", de materiales de protección; así como que los residentes "han sufrido mucho y se han deteriorado mucho", también cognitivamente
Poco a poco se va conociendo la verdad, ya sabemos que en la Residencia Asistida de Cáceres "hubo falta de protocolo y conocimiento", de materiales de protección; así como que los residentes "han sufrido mucho y se han deteriorado mucho", también cognitivamente (https://bit.ly/2BmP0cE). Todo ello según lo manifestado por el Director Gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), José Vicente Granado, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura.
Ya lo apuntó también el alcalde Luís Salaya el viernes 12 junio 2020, quien manifestaba al respecto: "Está claro que algo se ha hecho mal, principalmente en la Asistida. Ha habido fallos y hay una investigación abierta". "Sigo sin tener claro lo que ha pasado en la Asistida", "pero sin duda se han cometido errores y algo ha pasado para que fuera imposible frenar los contagios durante tantos días" (https://bit.ly/3foj1aC).
El mismo Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, reconoció lo evidente cuando indicó que «mandamos a luchar a nuestros profesionales probablemente con menos materiales de protección individual de los que establecían los protocolos» (https://bit.ly/2ZaVAek). Estas declaraciones del Consejero de Sanidad y Servicios Sociales indican el origen del contagio y muerte de nuestros seres queridos en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres.
Consecuencia de ello el sindicato médico de Extremadura pide el cese de Blanco-Morales y Vergeles, y anuncia huelga en otoño; por la desprotección ante el covid, entre otros motivos. El sindicato recuerda que tuvo que recurrir a la Justicia, y el Juzgado Nº 3 de lo Social de Plasencia les dio la razón al estimar las medidas cautelarísimas solicitadas por la desprotección de los profesionales frente a la pandemia de la Covid-19 en las áreas sanitarias de Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata, con fecha del pasado 8 de abril. SIMEX pone de manifiesto cómo los facultativos se han sentido desprotegidos (75%), han tenido miedo (50%) o la escasa confianza en sus gestores ante un posible rebrote (https://bit.ly/2NKNbJj).
Son varias las sentencias pioneras que condenan a las administraciones autonómicas por no proteger a sus sanitarios. Por ejemplo en la Sentencia del Juzgado de lo Social de Teruel 60/2020, de 3 de junio, lleva a la juzgadora a reivindicar el art. 15 de la Constitución Española y a poner de manifiesto la vulneración de derechos fundamentales. En sus propias palabras, "la declaración del estado de alarma no conlleva la suspensión de los derechos fundamentales aludidos en la demanda como la vida, la integridad física, ni la salud, ni tampoco supone la suspensión de los derechos a la protección y prevención de riesgos laborales". Rechaza asimismo la magistrada la premisa de las Administraciones acerca de que nos encontramos ante un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable, pues entiende que aquella debió actuar según el principio de precaución, en referencia a los reiterados anuncios realizados por la OMS, que desde el 30 de enero ya insistió en la necesidad de vigilancia activa, hecho conocido por las Comunidades Autónomas y las Consejerías. Para la juzgadora, las distintas instituciones sanitarias autonómicas debieron hacer acopio entonces de abundantes EPIS para los sanitarios, lo cual habría redundado en la protección del resto de la ciudadanía. Por este motivo, ahora no resulta admisible apelar al desabastecimiento generalizado por stock insuficiente para hacer frente a la pandemia (https://bit.ly/3dQkCoi).
Es por todo ello que la Asociación de Damnificados de la residencia Asistida de Cáceres (DAC) ha ofrecido, a las familias que tengan o tuvieran mayores en cualquier residencia de la región, asesoramiento legal, «estamos tratando de contactar con todos aquellos familiares de cualquier centro residencial interesados en reclamar responsabilidad civil, administrativa y penal; así como las consecuencias jurídicas por los daños causados por el fallecimiento o contagio de nuestros seres queridos» (https://bit.ly/2BrBiFr). Pues a día de hoy no sabemos siquiera cuantos fallecimientos se ha producido durante estos 100 días de Estado de Alarma en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres. "¿Tal vez el 50% de los residentes que ocupaban plaza en ese centro han fallecido?", es lo que nos seguimos preguntando desde la Asociación de Damnificados de la residencia Asistida de Cáceres. Y consideramos que no es difícil averiguarlo, solo hay que conocer la cifra de residentes actuales y restarla a los 320 residentes que vivían en el centro cuando se decretó el Estado de Alarma.
Consecuencia de este no saber por no ser informados por el Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, es por lo que la Asociación DAC también se pregunta, e insta a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Extremadura a que pregunten, tanto en Pleno como en Comisión, al Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, ¿cuantos, de los casi 80% de los usuarios infectados en ese centro, "concretamente 251 de los 320 que vivían cuando empezó la crisis sanitaria" (https://bit.ly/2ARVUq4), han fallecido? y, que pregunten también, si dentro de ese grupo de residentes fallecidos en la Residencia Asistida 'El Cuartillo' de Cáceres que califican que su "exitus letalis" lo ha sido por "patologías previas", ¿no había personas de esos 251 residentes contagiados por COVID-19? ¿y, por qué si esto ha sido así, se hace constar como causa de su defunción "otras patologías previas" y no se los califica también como COVID-19 o posible COVID, o defunción a consecuencia de patologías previas que se han visto agravadas por el COVID-19 e incluso fallecidos por las secuelas del COVID-19?
